La conmemoración de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos renovó el debate sobre la figura del femicidio en la legislación argentina y sobre los cuestionamientos que distintos sectores políticos han formulado en los últimos años respecto de su permanencia en el Código Penal.
A trece años de la incorporación de esta agravante, el Gobierno nacional, junto con algunos funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza, ha planteado críticas hacia esta figura penal e incluso impulsó iniciativas orientadas a su eventual derogación. Sin embargo, ninguna de estas propuestas logró reunir los consensos políticos necesarios para avanzar en el Congreso.
La sanción de la Ley de Femicidio y sus alcances
Argentina fue uno de los primeros países en incorporar una tipificación específica para sancionar la forma más extrema de violencia ejercida contra las mujeres. La modificación se realizó en 2012 mediante una reforma del artículo 80 del Código Penal de la Nación.
Esta reforma introdujo herramientas jurídicas destinadas a modificar los criterios con los que históricamente se interpretaban los asesinatos de mujeres. Antes de la incorporación de esta agravante, muchos de estos hechos eran encuadrados bajo categorías como “crimen pasional” o “homicidio agravado por el vínculo”.
El nuevo marco legal permitió cuestionar esas interpretaciones tradicionales y establecer que determinados asesinatos se producen en contextos de violencia de género y relaciones de poder desiguales. De esta manera, la legislación comenzó a reconocer la existencia de factores estructurales que diferencian estos casos de otros homicidios.
La denominada Ley de Femicidio —aunque ese término no fue incorporado expresamente en el texto normativo— estableció penas agravadas para los homicidios dolosos cuando el autor es un hombre, la víctima es una mujer y existe una situación de violencia de género, así como también cuando se trata de parejas o exparejas.
Con el inicio de la aplicación de la reforma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó en 2014 un documento en el que señaló que hasta entonces no existía una denominación adecuada para referirse a la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Según explicó el tribunal, resultó necesario incorporar el concepto de femicidio para identificar aquellos asesinatos vinculados a relaciones desiguales de poder entre los géneros.
Asimismo, la Corte sostuvo que esta perspectiva permite comprender con mayor profundidad las causas de estos hechos y reconocer el componente social presente en las distintas formas de violencia ejercidas contra las mujeres.
El debate político sobre la figura del femicidio
La discusión sobre la continuidad de esta figura jurídica volvió a adquirir relevancia durante los últimos años a partir de las posiciones expresadas por distintos integrantes del Gobierno nacional.
Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos en 2025, el presidente Javier Milei cuestionó la existencia de penas diferenciadas según el sexo de la víctima y manifestó su intención de revisar la figura legal del femicidio.
En la misma línea, el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció una propuesta de reforma penal orientada a eliminar esta agravante del Código Penal argentino. El argumento central de la iniciativa fue la defensa del principio de igualdad ante la ley establecido por la Constitución Nacional, bajo la premisa de que todas las vidas poseen el mismo valor jurídico.
Hasta el momento, sin embargo, ninguna de estas iniciativas logró reunir el respaldo político necesario para avanzar en el Congreso Nacional.
Estadísticas recientes
Según los datos difundidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2025 se registraron 200 femicidios a partir de las causas judiciales en trámite.
La comparación interanual muestra una disminución respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 228 casos. La diferencia representa una reducción del 12,3 % en la cantidad de expedientes vinculados con víctimas directas de femicidio.
Las cifras continúan formando parte de un debate público más amplio acerca de las políticas de prevención de la violencia de género, la eficacia de las herramientas institucionales existentes y el papel que debe desempeñar el Estado frente a esta problemática.
