El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo luego de que el Ministerio de Capital Humano exigiera a las casas de estudio la presentación de un plan de contingencia ante la reiteración de paros y la suspensión de clases. La cartera advirtió, además, que podría interrumpir el envío de fondos a aquellas universidades que no garanticen la continuidad académica, en un contexto de creciente tensión y con una nueva marcha federal convocada para el 12 de mayo.
La medida oficial se conoció tras un comunicado dirigido a los rectores, en el que se les solicita recuperar los días de clase perdidos durante el cuatrimestre y asegurar mecanismos que permitan sostener el acceso a la educación. Como respuesta, distintos gremios docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires anunciaron un paro total de actividades por 24 horas.
En un documento conjunto, sindicatos como Feduba, Aduba, Apuba y UTE rechazaron la postura del Gobierno y calificaron el pedido como un intento de limitar el derecho a huelga. “Se pretende transferirnos la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, mientras se profundiza la crisis del sistema universitario con salarios que pierden frente a la inflación y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, señalaron. Además, ratificaron su adhesión a la movilización nacional prevista para mediados de mayo.
El malestar también se expresó desde el ámbito institucional. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cuestionó la postura oficial y pidió “cordura y sensatez” al Ejecutivo. Según detalló, las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6% desde 2023, ubicando la inversión en apenas el 0,4% del PBI. “Es contradictorio exigir normal funcionamiento cuando se envían solo la mitad de los recursos necesarios”, sostuvo.
En la misma línea, el CIN difundió un comunicado en el que advirtió que la crisis no puede atribuirse exclusivamente a las universidades, sino que responde al incumplimiento de obligaciones legales por parte del Estado nacional.
Desde el plano sindical, Jorge Anró, dirigente de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun), calificó la medida como “un chantaje” y denunció un deterioro inédito en salarios y condiciones laborales. “El Gobierno no cumple la ley y, aun así, exige respuestas a las universidades”, afirmó.
Por su parte, Clara Chevalier, referente de la Conadu, explicó que el paro se extenderá durante toda la semana como reacción al comunicado oficial. Desde ese espacio señalaron que la medida del Ministerio implica una “grave ruptura institucional” y desconocen la autonomía universitaria vigente desde la Reforma de 1918.
Las críticas también apuntaron al impacto del ajuste en el sistema científico y educativo. Mercedes Mendietta advirtió sobre salarios de “nivel de indigencia” y la salida de miles de docentes del sistema, lo que —según sostuvo— pone en riesgo la calidad educativa.
En paralelo, el secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, reclamó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reasignación de partidas para cumplir con la ley de financiamiento. “Se necesitan menos comunicados y más gestión para sostener la educación, la ciencia y la salud en los hospitales universitarios”, planteó.
El origen inmediato del conflicto fue una nota enviada por la ministra Sandra Pettovello a todas las universidades, en la que solicitó detalles sobre un plan de contingencia, garantías para los docentes que no adhieran a los paros y alternativas para recuperar clases. Desde el Gobierno argumentaron que el financiamiento requiere como condición la operatividad del sistema y la protección del derecho a enseñar y aprender.
La respuesta no tardó en llegar desde la conducción de la UBA. El vicerrector Emiliano Yacobitti cuestionó la medida con tono crítico y atribuyó la crisis al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, sostuvo que el Ejecutivo carece de un programa educativo consistente y que está desarticulando el sistema.
Finalmente, desde el oficialismo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a sectores universitarios de tener una intencionalidad política. “Para la burocracia universitaria, lo importante es desestabilizar al Gobierno”, afirmó, y aseguró que la administración continuará defendiendo a los estudiantes frente a lo que considera una apropiación del sistema por parte de la dirigencia política.
