El jefe de Gabinete deberá presentar una justificación patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita esperan dos informes clave para avanzar. Profundizan las averiguaciones sobre las criptomonedas
En las próximas semanas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá dar explicaciones ante los tribunales federales de Comodoro Py. La Justicia está ajustando los últimos detalles para convocarlo en el marco de dos causas paralelas. La primera de ellas investiga el notable crecimiento de su patrimonio, mientras que la segunda escarba en su vínculo con el periodista Marcelo Grandio, quien obtuvo contratos con el Estado y financió un viaje en jet privado a Punta del Este para el ministro coordinador y su familia.
A pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) prepara un informe contable clave que determinará si las cuentas del funcionario cierran o no. Este análisis precisará la magnitud del presunto enriquecimiento ilícito mediante el cruce de toda la información obtenida durante la pesquisa, que abarca desde los ingresos de dinero, deudas y los pagos más importantes para comprar propiedades, hasta los gastos corrientes del día a día. Fuentes del caso estiman que la inspección de todos los movimientos financieros estará terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio.
Una vez que la DAFI le ponga una cifra al supuesto enriquecimiento, el fiscal Pollicita estará en condiciones de pedirle al juez Ariel Lijo que firme un requerimiento de justificación patrimonial. En los pasillos de Comodoro Py dan por hecho que este trámite se concretará pronto, ya que los investigadores señalan que hay períodos específicos en los que los números de Adorni no cierran de ninguna manera. Incluso la declaración jurada correspondiente al ciclo 2025 que el funcionario debe presentar ante la Oficina Anticorrupción parece insuficiente para evitar este escenario.
Al responder el eventual requerimiento de justificación patrimonial, el jefe de Gabinete tendrá la oportunidad de defenderse y explicar cómo compró y remodeló un semipiso en Caballito y una casa de campo en Exaltación de la Cruz sin haber vendido las posesiones que ya tenía antes de asumir en el Estado. También deberá justificar el origen de los fondos para sus viajes nacionales e internacionales, la compra de una nueva camioneta y el modo en que planeaba saldar antes de noviembre los 335.000 dólares que adeuda a distintos acreedores. Si sus aclaraciones no despejan la hipótesis delictiva, el próximo paso de la Justicia será citarlo formalmente a declarar en indagatoria en los tribunales de Retiro.
Mientras tanto, la investigación busca echar luz sobre las operaciones con criptomonedas. Si bien la Justicia ya tiene acreditados varios movimientos, fondos y billeteras virtuales a nombre de Adorni, los investigadores sospechan que existen más activos digitales pertenecientes al jefe de Gabinete que podrían estar registrados bajo la titularidad de terceros, una línea que actualmente se encuentra en pleno desarrollo.
Por otra parte, las averiguaciones en torno a la causa por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública, vinculadas a su relación con Marcelo Grandio y el viaje a Uruguay, están prácticamente agotadas. El juez Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), organismo que analiza las comunicaciones telefónicas entre el periodista de la TV Pública y Horacio Silva, presidente de la productora ImHouse. Esta empresa logró seis contratos con los medios estatales durante la gestión libertaria, lo que despierta la sospecha de si existió una influencia irregular por parte de Adorni para beneficiar a su amigo.
La hipótesis principal gira en torno a si el viaje familiar que Adorni, su esposa y sus dos hijos realizaron a Punta del Este junto a Grandio durante el feriado de Carnaval de este año pudo haber sido un retorno por dichos contratos. Los pasajes en avión privado costaron 7.830 dólares y fueron abonados por Grandio e ImHouse. Aunque el jefe de Gabinete aseguró públicamente haber pagado su parte, hasta el momento no ha aparecido ningún comprobante que lo demuestre. Para responder a este interrogante, el juez Lijo prevé llamarlo a indagatoria en las próximas semanas, una vez que el informe de entrecruzamiento de llamadas sea entregado y evaluado por los investigadores.
