La acusación sostiene que el diputado bonaerense, con antecedente en un área ligada a esos trámites en el consejo de la magistratura provincial, habría omitido datos patrimoniales en sus declaraciones juradas
El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la citación a declaración indagatoria de Francisco Adorni en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales. La investigación analiza posibles delitos vinculados al enriquecimiento ilícito y a la omisión maliciosa de información, aunque el pedido de indagatoria se concentra especialmente en este último aspecto, al considerar la fiscalía que existen elementos suficientes para sostener sospechas sobre la veracidad y completitud de los datos presentados por el funcionario.
La solicitud fue presentada ante el Juzgado Federal N.º 6, a cargo de manera subrogante del juez Daniel Rafecas, y se enmarca en una investigación que abarca el período comprendido entre 2023 y 2026. Entre los elementos considerados por la fiscalía figura la trayectoria profesional de Adorni en organismos vinculados al control y seguimiento de declaraciones juradas, circunstancia que, según la acusación, le otorgaba un conocimiento preciso de los procedimientos y obligaciones legales que deben cumplir los funcionarios públicos al momento de informar su patrimonio.
La causa cobró mayor relevancia luego de que el funcionario realizara diversas rectificaciones sobre documentación ya presentada ante organismos de control. Entre las modificaciones incorporadas figura la declaración de aproximadamente 21 millones de pesos provenientes de una herencia que no habían sido informados originalmente. A partir de estas correcciones, la fiscalía comenzó a examinar con mayor profundidad la evolución patrimonial del funcionario durante su paso por distintos cargos dentro de la administración pública nacional.
La investigación se centra en las declaraciones juradas correspondientes al período en el que Adorni se desempeñó en distintas funciones estatales. Según el expediente, entre febrero de 2024 y enero de 2026 se presentaron varias declaraciones patrimoniales que posteriormente fueron modificadas en reiteradas oportunidades. Las rectificaciones incluyeron la incorporación de dinero en efectivo, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, instrumentos financieros y ajustes en la valuación de bienes previamente declarados.
De acuerdo con la fiscalía, cada una de las declaraciones originales sufrió al menos dos modificaciones posteriores. En algunos casos, las correcciones fueron realizadas una vez iniciada la investigación judicial. Entre las observaciones formuladas se encuentra la incorporación progresiva de bienes y activos que no habían sido informados en las presentaciones iniciales, así como cambios significativos en la valuación de inmuebles y otros bienes patrimoniales.
Los investigadores también pusieron bajo análisis la evolución de los activos y pasivos declarados por el funcionario. La documentación incorporada al expediente señala variaciones relevantes tanto en el valor de los bienes informados como en el nivel de endeudamiento declarado durante los distintos períodos examinados. Asimismo, se detectaron modificaciones sucesivas en datos vinculados a cuentas bancarias, dinero en efectivo y otros instrumentos financieros.
Para la fiscalía, la cantidad de rectificaciones realizadas y la naturaleza de los cambios introducidos constituyen elementos que justifican profundizar la investigación. En ese sentido, sostiene que las inconsistencias detectadas no pueden evaluarse aisladamente y que deben analizarse en conjunto con la responsabilidad que implica ocupar cargos públicos sujetos a controles patrimoniales permanentes.
La acusación se encuentra encuadrada en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que contempla sanciones para los funcionarios públicos que omitan información relevante o consignen datos falsos en sus declaraciones juradas patrimoniales. Con el pedido de indagatoria, el Ministerio Público Fiscal busca avanzar en una instancia procesal clave para que el funcionario pueda brindar explicaciones sobre las diferencias detectadas, aportar documentación respaldatoria y ejercer su derecho de defensa frente a los cuestionamientos planteados por la investigación.
Ahora será el juzgado interviniente quien deberá resolver si hace lugar al planteo de la fiscalía y convoca a Francisco Adorni a prestar declaración indagatoria, paso que marcará una nueva etapa en una causa que continúa reuniendo información sobre la evolución de su patrimonio y la consistencia de las declaraciones presentadas durante su desempeño en la función pública.
