La propuesta consiste en una recomposición en dos etapas con un ajuste en julio y otro en octubre. También incluye un incentivo al programa de becas y a hospitales universitarios. En qué situación queda la Ley de Financiamiento
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a descomprimir el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. El entendimiento contempla una recomposición de ingresos para docentes y no docentes, además de nuevas partidas presupuestarias para becas y hospitales universitarios.
Sin embargo, el acercamiento entre las partes no implica el cierre de la disputa judicial. Los rectores confirmaron que mantendrán la demanda presentada ante la Corte Suprema para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada y posteriormente ratificada por el Congreso que aún no fue implementada por el Poder Ejecutivo.
La propuesta acordada incluye un incremento salarial del 24,33%, que será abonado en dos etapas: un aumento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. Según se explicó, la recomposición contempla siete puntos correspondientes a 2024, otros 12,33 puntos vinculados a 2025 y una compensación destinada a recuperar parte de la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Además, se prevé la convocatoria a una mesa paritaria con los gremios del sector.
El acuerdo también incorpora el compromiso oficial de evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación durante el próximo año. A su vez, el acta firmada establece un incremento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, orientado a promover el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes en carreras consideradas prioritarias para el desarrollo nacional.
Otro de los puntos incluidos en el entendimiento es la asignación de 50 mil millones de pesos para el sostenimiento de los hospitales universitarios, instituciones que cumplen un rol clave tanto en la formación académica como en la atención sanitaria.
Las negociaciones también abordaron la situación particular de los docentes de los establecimientos preuniversitarios. En estos colegios, el deterioro salarial ha sido aún más pronunciado debido a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una herramienta que complementaba los ingresos del sector. La recuperación de esos salarios forma parte de las discusiones que continúan abiertas entre el Ejecutivo, las universidades y las organizaciones sindicales.
Los rectores sostienen que cualquier solución de fondo deberá contemplar una negociación paritaria efectiva y consensuada con los gremios docentes y no docentes, quienes mantienen sus reclamos por la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos años.
Mientras tanto, la disputa judicial sigue su curso. La causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, ratificada en dos oportunidades por la Justicia. No obstante, su aplicación permanece suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional. La resolución definitiva quedó ahora en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para emitir un fallo.
Desde el Ejecutivo sostienen que la ley aprobada por el Congreso resulta inviable porque, según su interpretación, incumple las normas de administración financiera al no identificar con precisión las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación. Bajo ese argumento, consideran que la continuidad de la demanda judicial resulta incompatible con el acuerdo económico alcanzado.
La reacción de los gremios, sin embargo, fue cautelosa. Desde Conadu advirtieron que, por el momento, los compromisos asumidos no han sido formalizados plenamente y remarcaron la necesidad de avanzar en convocatorias paritarias concretas. “Por ahora es todo informal. Tenemos que ser prudentes porque el Gobierno ha demostrado ser un interlocutor difícil y todavía no ha convocado a paritarias como corresponde”, señalaron desde la organización.
En este contexto, las universidades continúan en estado de alerta. El pasado 26 de mayo, centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, gremios docentes y distintas organizaciones de la comunidad académica realizaron clases públicas frente al Palacio de Justicia para reclamar una definición de la Corte Suprema sobre la medida cautelar vinculada al financiamiento universitario.
Las protestas también se extendieron a los colegios preuniversitarios. Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini llevaron adelante tomas de los establecimientos como parte de las medidas de reclamo por la situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema educativo.
