Su postulación consiguió dos tercios de los votos y dividió al oficialismo; ahora queda en manos del Presidente firmar su designación; también se avanzó con otros 73 pliegos judiciales que tenían dictamen de la Comisión de Acuerdos
Te lo reescribo con un estilo más periodístico y propio, sin referencias a medios ni frases como “según pudo saber”:
La sesión del Senado dejó un duro revés para el oficialismo. Tras una fuerte presión de gran parte de la oposición, la Cámara alta aprobó la designación de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, una candidatura que había sido objetada por el presidente Javier Milei debido a sus vínculos familiares con el periodista Hugo Alconada Mon.
El pliego recibió 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones. La mayoría de los votos en contra provinieron del bloque oficialista, que intentó sin éxito frenar la designación. Entre las excepciones se destacó el senador formoseño Francisco Paoltroni, quien acompañó la aprobación del nombramiento. Por su parte, Patricia Bullrich se abstuvo, mientras que Luis Juez decidió retirarse del recinto antes de la votación.
Con la aprobación legislativa consumada, la decisión final queda ahora en manos del Poder Ejecutivo, ya que el Presidente deberá resolver si firma el decreto que formaliza la designación de Michelli en el cargo.
La jornada resultó especialmente complicada para el oficialismo. Además de no poder impedir el avance del pliego de Michelli, debió aceptar la postergación del tratamiento de un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada ante la falta de consenso para su aprobación.
Como contrapartida, el Gobierno logró que el Senado aprobara el acuerdo de pago con los fondos Bainbridge Fund y Attestor por un total de 171 millones de dólares, cerrando así los reclamos pendientes vinculados a bonos en default tras la crisis de 2001. La iniciativa deberá ser analizada ahora por la Cámara de Diputados.
Durante la misma sesión también se aprobaron proyectos para ampliar la estructura judicial federal, incluyendo la creación de una nueva sala en la Cámara Federal de Mar del Plata y la reorganización de la Cámara Federal de San Miguel de Tucumán.
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo por la discusión sobre los pliegos judiciales incluidos en el temario. Inicialmente se había acordado avanzar con 50 nombramientos, pero poco antes del inicio de la sesión el oficialismo impulsó la incorporación de la totalidad de los expedientes con dictamen, elevando la cifra a 73.
La modificación generó fuertes cuestionamientos de los bloques opositores, que acusaron al oficialismo de alterar lo pactado previamente. Frente al creciente conflicto, se dispuso un cuarto intermedio para intentar alcanzar un nuevo entendimiento.
Tras casi una hora de negociaciones, se resolvió tratar todos los pliegos que cumplían con los requisitos reglamentarios. A ellos se sumó el caso de Michelli, impulsado por la oposición pese a la resistencia del oficialismo. El desenlace fue interpretado como una victoria política de los sectores opositores y una derrota para la estrategia de la Casa Rosada.
En total se analizaron 74 designaciones judiciales. La mayoría fueron aprobadas sin mayores inconvenientes, aunque algunos casos generaron debates particulares. Entre ellos figuraron las postulaciones de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y de María Julia Sosa, propuestas que fueron sometidas a votación por separado debido a objeciones de algunos bloques.
La sesión contó con la participación de representantes de casi todos los espacios políticos. Durante gran parte de la jornada fue presidida por Bartolomé Abdala debido a la ausencia inicial de Victoria Villarruel, quien más tarde se incorporó al debate.
La vicepresidenta tuvo una intervención relevante cuando surgieron cuestionamientos sobre los acuerdos alcanzados en la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión. En ese contexto, respaldó a las autoridades parlamentarias y confirmó que originalmente se había hablado de tratar 50 pliegos, aunque posteriormente el número fue ampliado hasta alcanzar los 73 expedientes finalmente incorporados al debate.
De esta manera, una sesión que comenzó con expectativas de avance para el oficialismo terminó convirtiéndose en una de las jornadas parlamentarias más difíciles para el Gobierno, que no logró imponer su posición en uno de los temas más sensibles de la agenda judicial.
