El máximo tribunal quedó en condiciones de emitir sentencia y las expectativas están puestas en la próxima reunión de acuerdos. Los escenarios posibles.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó este martes en condiciones de resolver la causa iniciada contra el gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El conflicto judicial gira en torno a la aplicación de esa norma, cuya implementación el gobierno de Javier Milei cuestiona desde que decidió vetarla parcialmente en 2025 y volvió a objetarla después de que el Congreso insistiera con su aprobación definitiva.
La postura oficial sostiene que la ley no establece con claridad cuáles son las partidas presupuestarias específicas de donde deberían salir los fondos ni define de manera concreta las fuentes de financiamiento necesarias para sostenerla.
Con este avance procesal, la Corte quedó en condiciones de emitir un fallo, por lo que ahora las expectativas están puestas en la próxima reunión de acuerdo del máximo tribunal. Según la normativa vigente, en este tipo de causas no es obligatorio que intervenga previamente el Ministerio Público Fiscal, aunque la Corte puede solicitar su opinión si lo considera necesario.
La ley en discusión dispone la actualización automática de las partidas universitarias de acuerdo con la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes y también fondos específicos para becas estudiantiles, infraestructura y hospitales universitarios.
Sin embargo, parte de esas disposiciones fueron limitadas posteriormente mediante la Ley de Presupuesto 2026 y la Decisión Administrativa 20/2026.
Frente a esa situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una medida cautelar que obtuvo fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia judicial.
En respuesta, el Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema argumentando que la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley podría generar un “grave e irreparable perjuicio al Estado”.
Paralelamente, las universidades impulsaron un incidente de ejecución de sentencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con el objetivo de que se liberen las transferencias de fondos pendientes.
Hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Gobierno no está obligado a efectuar las transferencias correspondientes.
No obstante, actualmente no existen plazos definidos para que el máximo tribunal tome una decisión definitiva sobre el caso. Existe además la posibilidad de que la Corte rechace el recurso extraordinario sin analizar el fondo de la cuestión, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Si eso ocurriera, quedaría firme la sentencia de Cámara que obliga al Estado nacional a transferir los fondos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras tanto, el Gobierno mantuvo una postura crítica frente a la masiva movilización universitaria realizada este martes en distintos puntos del país. Pese a la magnitud de la convocatoria, funcionarios nacionales minimizaron la protesta y la calificaron como una manifestación con objetivos políticos opositores.
Durante la jornada, miles de personas se concentraron en Plaza de Mayo y en distintas ciudades argentinas para reclamar la aplicación efectiva de la ley y denunciar el deterioro presupuestario de las universidades públicas.
Desde la Casa Rosada insistieron en que la movilización habría sido impulsada por sectores políticos opositores con la intención de desgastar al Gobierno nacional.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo después de la marcha que detrás de la protesta había “sectores políticos” intentando utilizar una “causa noble” para beneficio propio.
Además, señaló la presencia de dirigentes políticos, sindicales e intendentes en la Plaza de Mayo y afirmó que muchos de ellos buscaban sacar rédito político de la situación universitaria.
